El Gobierno necesita cerca de unos 2.000 millones de euros extra para poder cuadrar las cuentas del sistema eléctrico del ejercicio de 2021. En septiembre, cuando aprobó el primer RDL una de las medidas fue eliminar los cargos de la factura en un 96% gracias a que se iban a ingresar unos 2.600 millones gracias a la minoración de beneficios a las eléctricas por el incremento del precio del gas.

Esta medida creó tal revuelo que el mismo Gobierno, un mes después en octubre aprobó otro RDL en el que suavizaba el recorte que ya no afectaría a los contratos de precio fijo. Eso haría que los ingresos de la minoración por el gas se redujesen en unos 2.000 millones aproximadamente según fuentes del sector.

Como el Gobierno ha mantenido entre otras medidas que los cargos fuesen solo del 4%, se estaría creando un nuevo déficit de tarifa, algo que no está permitido según la Ley del Sector Elétrico de 2013. Esta norma, ordenada por Bruselas, deja solo que se cree un déficit del 2% de los ingresos, una cifra cercana a los 360 millones.

Para poder acometer este nuevo déficit de tarifa, el Gobierno ha querido reducir parte de la retribución del RECORE a través de una reforma de la tarifa regulada. En concreto el Gobierno pretendía sacar al RECORE, unos 85 TWh, del pool para fijar un precio del orden de 60 €/MWh para los consumidores domésticos acogidos al PVPC y a la gran industria, los grandes afectados por los altos precios del pool.

Pero esta nueva medida ha levantado ampollas tanto en algunos productores de renovables como en las comercializadoras independientes de electricidad que verían afectado su negocio.

Al no haber consenso en el sector para aprobar esta medida, el Gobierno ha dejado en stand by el nuevo RDL de reforma del RECORE y del PVPC.

Por tanto ahora hay que buscar otra solución que pueda cubrir el déficit de tarifa generado. Y eso solo se puede hacer de una forma, obteniendo más ingresos. Y esa es la baza real que tiene el Gobierno para poder cuadrar las cuentas del sistema eléctrico de 2021, haber obtenido mayores ingresos fiscales ya sea a través de impuestos o de los ingresos por el CO2.

En el RDL de septiembre el Gobierno contabilizó otros 900 millones de los derechos de CO2 para poder bajar los cargos. En total, este año iba a destinar 2.000 millones de estos ingresos para hacer bajar la luz.

Algunas fuentes del mercado señalan que los ingresos de este año por los derechos del CO2 pueden ser mayores que ronden los 2.600 millones por lo que el Gobierno podría reducir el supuesto déficit y acercarse más a ese 2% de agujero permitido.

En el sector eléctrico ya dan por hecho que se va a crear déficit si no se toman más medidas. Ahora toca esperar a las cuentas finales de la CNMC que conoceremos dentro un año aproximadamente.

Fuente: El Periódico de la energía.