El supervisor investiga posibles prácticas de cártel, fijación de precios o abuso de posición dominante.
Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) inspeccionó las sedes de las tres grandes petroleras españolas, Repsol, Cepsa y BP, tras una denuncia presentada por gasolineros independientes que consideran que los descuentos que estas compañías vienen realizando en los carburantes «les están expulsando del mercado». Así lo han confirmado fuentes empresariales después de que a primera hora de esta mañana la CNMC comunicara que había abierto una investigación «a diversos operadores activos en el sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas» y cuyos nombres no ha desvelado.
Según la autoridad de la Competencial el expediente tiene su origen en la presentación de varias denuncias, y la investigación tiene carácter reservado.Tanto Repsol como Cepsa reconocen que han recibido la visita de los inspectores del organismo para reclamarles documentación. Un portavoz de Repsol asegura que la compañía «ha colaborado plenamente con la CNMC» y niega «rotundamente los hechos denunciados» ya que la compañía cumple estrictamente.
En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en este mercado, podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según ha señalado el organismo. Estos artículos hacen referencia a prácticas de cártel (fijación de precios, limitación de producción, reparto de mercados y similares) y de abuso de posición dominante (que implica prácticas similares pero llevadas a cabo individualmente por una empresa, sin concertación con otras).
Las sanciones previstas por la infracción de estos artículos tienen carácter muy grave (el escalón más alto dentro del espectro de la CNMC) y, por tanto, pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio. En todo caso la CNMC advierte, como hace siempre en esta fase de investigación, que «las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades». Solo en caso de detectarse indicios de prácticas anticompetitivas se abiría un expediente sancionador.
Fuente: elpaís.com