La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclama prudencia frente a la fiebre renovable. El supervisor ha instado al Ministerio para la transición ecológica a mantener parcialmente operativa la central de Carboneras (Almería) en manos de Endesa, año y medio después de que el grupo que preside José Bogas solicitase el permiso del Gobierno para iniciar su desmantelamiento. En un reciente informe, Competencia ha pedido al ministerio que conserve la actividad de uno de los dos grupos de generación que forman la central denominada De Litoral, a fin de garantizar el suministro eléctrico en una zona especialmente afectada por el ‘boom’ verde, escenario que, según el informe de la CNMC, debilita el control sobre la red y eleva la «inestabilidad». 
El organismo supervisor que pilota Cani Fernández ha respondido a la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM), dependiente del ministerio que pilota Teresa Ribera, un paso previo a la luz verde definitiva del Gobierno al desmantelamiento de centrales térmicas. El informe de Competencia, que llegó a manos de Endesa este mismo lunes, propone reformular dicha propuesta para que el grupo de José Bogas convierta uno de los grupos de generación(Grupo 1 o Grupo 2) en compensador síncrono, en vez de posponer su cierre como sugirió la cartera

Todo hace indicar que el ministerio tomará nota de la recomendación de la CNMC. La medida a la que apunta el supervisor permitiría aprovechar los activos ya existentes en la central de Carboneras y sus puntos de conexión a la red. De este modo, uno de los dos dos grupos de generación térmica -que consumen carbón como combustible principal y gasóleo como combustible de apoyo- servirá para ofrecer capacidad adicional de energía frente a cortocircuitos. Endesa deberá mantener operativo uno de los dos grupos térmicos de vapor en aras de compensar la pérdida de control sobre la red provocada por la entrada masiva de operadores renovables.

El aviso de la CNMC pone en el foco la cara B de la fiebre renovable. España protagoniza un apagón térmico que vivió su pistoletazo de salida el 30 de julio de 2020, cuando finalizó el periodo de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT) que autorizaba a siete centrales a operar desde el 1 de enero de 2016 hasta la fecha indicada. Compostilla y Andorra (Endesa), Velilla (Iberdrola), Meirama, La Robla y Narcea (Naturgy) y Puente Nuevo (Viesgo), pulsaron entonces el botón de apagado. Para el año en curso estaba previsto el cierre de otras cuatro: Lada (Iberdrola), As Pontes y Litoral (Endesa) y Los Barrios (Viesgo). El Gobierno aún no ha aprobado buena parte de las autorizaciones para proceder al desmantelamiento. 
Endesa inició los trámites para clausurar Carboneras el 27 de diciembre de 2019, cuando presentó ante la Subdelegación del Gobierno en Almería, la solicitud de autorización administrativa para el cierre definitivo de los Grupos 1 y 2 de dicha instalación. En su petición, la energética miró al 30 de junio de 2021  como plazo para proceder al cierre de la central. Desde entonces, se abriría un plazo de cuatro años y medio para culminar el desmantelamiento. En este tiempo, la CNMC ha respaldado sin restricciones la petición de Endesa de ‘apagar’ la central de Andorra, así como la solicitud de cerrar la central de Soto de Ribera, gestionada por EDP, entre otros ejemplos. Pero no ha sido así en el caso de la central de Carboneras.

Endesa prevé desarrollar 1.500 MW de potencia renovable, en su mayoría fotovoltaica, para compensar los 1.159 MW de la central térmica de Carboneras

Esta instalación está situada en la provincia de Almería, diana histórica de la fiebre del oro renovable. El maná de los fondos europeos Next Generation ha servido para atraer aún más a los nuevos operadores verdes. El conjunto de Andalucía vuelca 2.600 MW (megavatios) a la red eléctrica a través de sus plantas solares. De aprobarse todas las peticiones recibidas para desarrollar nuevas plantaciones en la región, la cifra se elevaría en 20.000 MW más. El informe de la CNMC pone de manifiesto que estas fuentes de generación producen energía no gestionable, lo que supone una pérdida de control sobre la red eléctrica que dispara su inestabilidad. 

En previsión al cierre de sus centrales térmicas, Endesa ha desarrollado los planes Futur-e para compensar la pérdida de potencia con un despliegue renovable que, además, se adapte a las necesidades de comunidades como As Pontes o Carboneras, donde estas instalaciones se han convertido en una pieza clave para la economía local. En el caso de Carboneras, el grupo de José Bogas prevé desarrollar unos 1.500 MW de potencia renovable, en su mayoría fotovoltaica, con los que sustituir los 1.159 MW de la central térmica. La cuestión que subyace bajo el aviso de la CNMC es que parte de ese despliegue verde exige un aumento de la capacidad de la red que, en última instancia, depende de la planificación de Red Eléctrica.  

La mayoría de las compañías que han solicitado su permiso para apagar sus centrales tienen previsto desarrollar la capacidad liberada vía nudo de fotovoltaica. Y es aquí donde se enmarca el aviso a navegantes que el supervisor ha trasladado a Endesa en pleno proceso de cierre de la instalación. «La relevancia del grupo de generación a mantener no se debería tanto a su cada vez menor aportación de potencia activa cuanto a su contribución a la potencia de cortocircuito y el control de tensiones en la zona», reza el informe. Paradójicamente, el apagón térmico avanzará con más cautela cuanto mayor sea la penetración de los operadores verdes.

Fuente: La información.com. Periodista, Paula María.

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